La promoción de un ambiente de trabajo seguro

La promoción de las normas de seguridad y salud en el trabajo, debido a sus posibles consecuencias en caso de violación, debe ser entendida como una prioridad por los empleadores, especialmente en esta fase de un brote pandémico.

Todo trabajador tiene derecho a trabajar en un ambiente seguro. Esto implica que los empleadores deben garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo a fin de reducir al mínimo los riesgos que, por su naturaleza, conlleva la realización del trabajo.

La Ley 102/2009, de 10 de septiembre, establece el marco jurídico para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y presenta como principio fundamental que la prevención de los riesgos laborales se basa en una correcta y permanente evaluación de los riesgos, que debe desarrollarse de acuerdo con las políticas y normas creadas por el empleador. Así, para cada puesto de trabajo, el empleador debe analizar los riesgos laborales asociados al mismo y adoptar las normas y procedimientos necesarios para, de esta forma y en cumplimiento del marco legal vigente, garantizar que el trabajador realice su actividad de forma segura. Este análisis debe eliminar los posibles riesgos e identificar aquellos que no pueden ser eliminados, así como establecer las medidas de prevención que se aplicarán, a fin de obtener como resultado niveles efectivos de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Además de estipular estas normas, el empleador tiene el deber de informar al empleado de sus obligaciones y deberes, ya que un ambiente de trabajo seguro requiere el compromiso de todos los agentes que participan en la relación laboral.

La violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo puede tener consecuencias tanto para el empleador como para el empleado, dependiendo de la conducta en cuestión. Sin embargo, la principal consecuencia es la posibilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, con consecuencias evidentes para la salud del trabajador lesionado, así como para el empleador. Esto se debe a que, si se demuestra que el accidente de trabajo fue causado por una violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador tiene derecho a un aumento de la indemnización prevista por la ley y el empleador (incluso con la responsabilidad transferida a una aseguradora) es responsable solidario del pago de la misma. En efecto, el artículo 18 de la Ley 98/2009, de 4 de septiembre, establece que cuando "el accidente haya sido causado por el empresario, su representante (...), o resulte de la inobservancia por parte de éstos de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, la responsabilidad indemnizatoria individual o solidaria cubre la totalidad de los daños, tanto patrimoniales como morales, sufridos por el trabajador y sus familiares, en términos generales". Así pues, la ley trata de responsabilizar a los empleadores que no promueven un ambiente de trabajo seguro para sus empleados, castigando así a los que no cumplen esta norma fundamental de la legislación portuguesa.

En resumen, establecer un ambiente de trabajo seguro debe entenderse como una prioridad para los empleadores. Especialmente en esta etapa, en la que se produce un retorno generalizado a los lugares de trabajo in situ después del período de confinamiento causado por el brote de Covid-19, la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo es de gran importancia y debe haber un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud a fin de reducir al mínimo los riesgos de contagio y la aparición de accidentes y/o enfermedades laborales.