Interpuesta una denuncia ante el Tribunal Supremo por las órdenes emitidas en relación con las residencias de mayores

La Asociación El Defensor del Paciente denuncia al gobierno y a 3 comunidades autónomas ante el Tribunal Supremo por las órdenes que denegaban la atención hospitalaria a los pacientes enfermos de COVID19 provenientes de residencias de mayores.

La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno, como órgano que detentó el “mando único” durante la pandemia de COVID-19, y contra las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Castilla y León, por las supuestas órdenes emitidas que denegaban el ingreso hospitalario de ancianos internos en residencias.

La asociación alega en su escrito de denuncia un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia y presunto delito de omisión del deber de socorro.

La muy discutida orden de priorizar la atención sanitaria a pacientes en función de sus posibilidades de supervivencia, desató un terremoto en los momentos más duros de la pandemia, toda vez que se desatendieron las necesidades de cientos de residencias que clamaban ayuda mientras sus internos sufrían la enfermedad.

En su exposición de motivos, la denuncia recoge que “con su actuación, permitieron y ampararon que los mayores residentes en residencias de ancianos no recibieran la prestación sanitaria que su situación clínica precisaba. Bien de forma activa, dictando directamente dichas órdenes y recomendaciones, bien autorizando y validando al director o gerente de turno que las emitía”.

De igual forma, alega la nula dotación de medios materiales y personales necesarios para hacer frente a la situación, Ignorando la obligación de supervisar “que los centros de mayores estuviesen adecuadamente preparados para afrontar la pandemia”.

Esta dejación de funciones y denegación de medios con uno de los sectores más vulnerables de la población, en un momento tan atroz como el que estamos viviendo, no puede ser merecedor más que de la crítica por parte de toda la sociedad. La falta de ética demostrada por muchas instancias públicas e instituciones en la toma de sus decisiones, las hacen responsables de muchos de los fallecimientos acaecidos en residencias de ancianos.

Por todo ello, y aunque es imprescindible dejar acreditada la existencia de una denegación de auxilio, ya sea proveniente de la Administración pública o del establecimiento sociosanitario, recomendamos a las familias que han sufrido esta situación a acudir a un profesional que le guíe en un posible proceso de reclamación que desemboque en una indemnización que intente reparar (al menos materialmente) las pérdidas padecidas. Desde ESM Reclamación sociosanitaria, como abogados especialistas en reclamaciones en residencias de mayores, ponemos a su disposición a nuestro equipo legal para asesorarle acerca de las posibles vías de reclamación de las que dispone en este sentido.